Nuevo Reglamento sobre Programas de Facturación: RD 1007/2023

El pasado mes de diciembre, se publicó el Real Decreto 1007/2023, que establece un marco regulatorio para los programas y sistemas de facturación utilizados por empresas y profesionales en España. Este reglamento tiene como principal objetivo combatir el fraude fiscal y garantizar que los registros de facturación cumplan con criterios de integridad, trazabilidad y seguridad.

¿Qué Cambia con el RD 1007/2023?

El nuevo decreto responde a la necesidad de acabar con el uso de software de doble uso o de supresión de ventas, herramientas que permitían la manipulación de datos contables y fiscales. A partir de ahora, los programas de facturación deberán cumplir estrictamente con las siguientes exigencias:

  1. Inalterabilidad de los datos: Las facturas y los registros contables no podrán ser modificados sin dejar rastro de las alteraciones.
  2. Trazabilidad: Se deberá garantizar el seguimiento completo de cada operación registrada.
  3. Accesibilidad: Los datos deberán ser fácilmente accesibles y legibles para su revisión tanto por el empresario como por las autoridades fiscales.
  4. Seguridad: Los sistemas deben proteger los datos frente a accesos no autorizados o manipulaciones indebidas.

Obligaciones para Desarrolladores y Usuarios

El Real Decreto también incluye obligaciones específicas para los desarrolladores y comercializadores de programas de facturación:

  • Declaración Responsable: Los fabricantes deberán emitir una declaración que certifique que el programa cumple con los requisitos técnicos establecidos.
  • Adaptación del Software: Los desarrolladores tienen hasta nueve meses para adecuar sus programas desde la publicación de la orden ministerial que detalla los requisitos técnicos.

Por su parte, las empresas y autónomos que utilicen estos programas deberán asegurarse de que, antes del 1 de julio de 2025, sus sistemas cumplen con las normativas del RD 1007/2023.

Impacto en las Empresas y Profesionales

La entrada en vigor del RD 1007/2023 supone una transformación significativa en la gestión fiscal y contable. Si bien puede representar un desafío inicial de adaptación, a largo plazo se espera que contribuya a:

  • Aumentar la transparencia fiscal.
  • Facilitar el control tributario por parte de la Agencia Tributaria.
  • Reducir el fraude fiscal.
  • Modernizar los procesos de facturación.

Posible Aplazamiento en los Plazos de Implementación

Aunque el Real Decreto fija como fecha límite para la implementación el 1 de julio de 2025, han surgido voces en el sector empresarial y tecnológico que solicitan una ampliación de los plazos debido a las dificultades técnicas y económicas que conlleva la adaptación. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), en particular, han manifestado preocupación por la inversión necesaria y el tiempo requerido para implementar estos cambios.

Se espera que el gobierno evalúe estas peticiones y, en función de la situación, considere ajustes en los plazos o medidas de apoyo para facilitar la transición. Por ahora, no se ha emitido una decisión oficial al respecto, pero podría haber novedades en los próximos meses.

Sanciones por Incumplimiento

El incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en sanciones económicas. En concreto, el uso de sistemas de facturación que no cumplan con las normativas podría considerarse una infracción grave, con multas de hasta 50.000 euros por cada ejercicio fiscal en el que se detecten irregularidades.

Conclusión

El Real Decreto 1007/2023 representa un paso adelante en la lucha contra el fraude fiscal y la digitalización de las empresas en España. Tanto los desarrolladores como los usuarios de sistemas de facturación deben tomar medidas inmediatas para adaptarse a estos cambios y garantizar el cumplimiento normativo antes de los plazos establecidos.

El posible aplazamiento de los plazos sería un alivio para muchas empresas, pero mientras tanto, es fundamental que las organizaciones comiencen a trabajar en la actualización de sus sistemas para evitar sanciones y beneficiarse de un entorno fiscal más transparente y eficiente.

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